Los habitantes de la comunidad de El Bosque, en Tabasco, los primeros en ser reconocidos oficialmente por el Gobierno de México como refugiados ambientales, exigirán justicia climática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al reanudarse esta semana las audiencias sobre las obligaciones de los Estados en el contexto de la emergencia por el cambio climático.
Del 27 al 29 de mayo, 116 delegaciones serán escuchadas para ayudar a la CIDH a dar una opinión consultiva, después de escuchar las experiencias de distintas comunidades afectadas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
Pablo Ramírez, responsable de la Campaña de Justicia Climática de Greenpeace México, recordó que en los últimos cinco años, la comunidad de El Bosque ha experimentado severos impactos por el aumento de la temperatura del planeta, ya que el incremento del nivel del mar ha cambiado para siempre sus vidas y quienes se encuentran en las posiciones más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con discapacidad, enfrentan las peores consecuencias de esta crisis.
En las observaciones presentadas con el apoyo de Greenpeace México, Nuestro Futuro México y Conexiones Climáticas, la comunidad de El Bosque pide a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establezca que los Estados tienen la obligación de desarrollar políticas de adaptación que aborden de manera efectiva el desplazamiento interno debido a los impactos climáticos.
La CIDH es uno de los tres foros internacionales llamados a aclarar, por primera vez, las obligaciones legales de los Estados en materia de cambio climático ante los graves impactos por la elevación de la temperatura del planeta.
La comunidad pesquera de El Bosque en el municipio de Centla, Tabasco, impactada por la erosión costera y el avance del mar, no ha logrado concretar su reubicación, a pesar del S.O.S. que lanzó desde el 7 de noviembre de 2022, y la promesa reiterada del gobierno mexicano de atender a las familias.
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