Los incidentes de intimidación contra los líderes indígenas del movimiento de defensa del territorio que será afectado por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, aumentaron en la primera mitad del año.
El secretario general de Gobierno en Nayarit, José Trinidad Espinoza Vargas, acusó que las movilizaciones tienen el apoyo del crimen organizado, lo que es falso.
"A ello se suma la criminalización de la que son víctimas autoridades ejidales y tradicionales de los territorios que serán afectados por la hidroeléctrica, ya que cinco de ellos denuncian abuso de autoridad por estar detenidos de manera arbitraria hace dos meses sin derecho a fianza", denunciaron organizaciones de la sociedad civil.
En un comunicado de prensa, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) destacaron que el gobierno creó estrategias de intimidación y criminalización de activistas que se oponen a la explotación de su territorio.
"Éste es el caso de los cinco presos políticos, acusados de delitos sin pruebas. Los líderes han sido acusados del delito de asociación delictuosa por la Procuraduría local derivado de la intención de crear un sistema de vigilancia comunitaria. Lo anterior fue expresado a manera de opinión en sus reuniones comunitarias", detalló.
Lucía Chávez, Coordinadora de Investigación de la CMDPDH expresó la necesidad de que el gobierno de Nayarit, así como todas las dependencias involucradas en el proyecto, reconozcan la legitimidad de las personas defensoras de derechos humanos.
En conferencia de prensa, advirtió sobre la responsabilidad del Estado mexicano de proteger y asistir a personas y grupos que corren el riesgo de ser desplazados tanto por un megaproyecto, como por los actos de hostigamiento derivados de la defensa de sus derechos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó el permiso ambiental al proyecto sin haber garantizado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas Náyeri, Wixárica, Mexicanero y Tepehuano.
"Conforme a los estándares internacionales, la consulta previa y el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto como lo condiciona la Semarnat en la autorización de impacto ambiental de Las Cruces; en este caso, la Comisión Federal de Electricidad, entidad a cargo del proyecto, debió de consultar de manera, previa, libre, informada y de buena fe a estos pueblos desde el diseño del plan hidroeléctrico, conforme a las instituciones indígenas, y a sus usos y costumbres para proteger su integridad cultural, social y económica", indicó Astrid Puentes, codirectora de AIDA.
Raúl Nacía Coutiño, funcionario de la Comisión Federal de Electricidad informó que la construcción de Las Cruces iniciará en enero de 2016. De construirse la hidroeléctrica, el poblado de San Blasito y algunas tierras comunales cultivables quedarán bajo el agua.
En consecuencia, sus pobladores se verán obligados a desplazarse. Al represar el río San Pedro Mezquital, se afectarán sitios sagrados que están sobre el caudal, dañando así la cultura, religión y las fuentes de subsistencia de los pobladores de la zona.
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