Después de 2 años y medio de espera, sanciones comerciales y presión internacional, el Gobierno de México presentó la semana pasada una "estrategia" sin "estrategia" que intenta cambiar la situación en el Alto Golfo de California, para detener el tráfico ilegal de pez Totoaba, apoyar realmente a los pescadores y proteger de una vez por todas a la vaquita marina.
A puerta cerrada, los titulares de Semarnat, Sader, Conapesca y Profepa, así como el representante de la Secretaría de Marina (Semar), entregaron resultados sobre sus acciones en la región.
La Marina expuso como siempre un balance medido en litros de diésel gastados, kilómetros recorridos, y una descripción de todo el equipo que tiene en la zona naval, cuando es por todos sabido que la Semar únicamente hace presencia como medida disuasoria e invita a los pescadores furtivos de Totoaba a que salgan del área de Cero Tolerancia, donde hay un mayor número de avistamientos del mamífero marino en mayor peligro del mundo.
De igual forma, la Profepa, hizo un conteo de kilómetros caminados y recorridos, así como pedazos de redes ilegales encontradas en la playa. Sin embargo, nunca se habla de detenciones, de investigaciones de inteligencia, de que no tiene coordinador de inspectores en San Felipe, Baja California y el Golfo de Santa Clara, Sonora, de que no hay gasolina para mover las embarcaciones, de que carecen de oficinas y vehículos. Porque siguen esperando a que el seguro se las pague, luego de que una turba quemó todo en 2018 y 2019.
Los mismos pescadores refutaron las cifras alegres dadas a conocer por los funcionarios, advirtiendo que sólo basta con pararse en el malecón de San Felipe, para ver embarcaciones ilegales que salen sin ningún problema a pescar Totoaba de día y de noche. Los justos pagan por pecadores. Porque lo que quieren trabajar bien, se ven afectados por las sanciones provocadas por los que están fuera de la ley. Situación que el gobierno alienta permitiendo la impunidad.
En el encuentro maratónico en la ciudad de Mexicali, los secretarios de Estado firmaron ooootro convenio interinstitucional. Otro más, en donde cada dependencia dice lo que tiene que hacer, a pesar de que el 11 de diciembre, el titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán, ahora ausente por estar enfermo por seguna vez de Covid-19, prometió que en la siguiente reunión se definiría la estrategia con montos, plazos y alcances, lo que no se cumplió.
"Queremos hacer un programa de bastante desarrollo en el área, nos hemos estado reuniendo, ya tenemos muchos avances, ya tenemos qué es lo que vamos a hacer, nos falta, el cómo, el cuándo y el dónde”, indicó.
Lo más que pudieron definir los funcionarios fue que entregarán "redes alternativas", que siguen en prueba, y, que está en revisión técnica la reducción del polígono de protección de la vaquita marina, porque dicen que no le encuentran justificación para que el área sea tan grande, pero aquí se las recordamos (la justificación).
El polígono representa todo el hábitat potencial e histórico de la vaquita marina. Al reducirlo se le está quitando la oportunidad de recuperar su hogar. Las vaquitas se mueven, no viven dentro de un corral, no distinguen cuando están en una zona de peligro o no. Y todo esto cuando quedan alrededor de 10 ejempalres de vaquita marina, al borde de la extinción.
Después de dos años y medio de administración, tres secretarios de Medio Ambiente, con el peor presupuesto, con un embargo pesquero, un T-MEC y un CITES amenazando más sanciones, así es la "estrategia" sin "estrategia" que el Gobierno de México presentó a los pescadores. Mientras la vaquita, sigue a la espera.
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