La semana pasada, el ahora famoso Víctor Manuel Toledo, crítico de la 4T, aseguró que “la Semarnat estaba obligada a aprobar” el proyecto del Tren Maya.
Con esto no sólo puso en evidencia que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental es pura simulación, sino que también contraviene la ley por mostrar parcialidad hacia un proyecto cuya evaluación está en curso y su eventual rechazo o aprobación depende de la propia Semarnat.
“...la Semarnat está obligada por ley a recibir y revisar y aprobar, tres ámbitos, en esta función de vigilante, primer lugar la manifestación de impacto ambiental que a la que nos obliga la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la LGEEPA...” dijo Toledo en conferencia de prensa virtual.
Con este tipo de declaraciones, el titular de la Semarnat contraviene el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que señala el deber de imparcialidad y cito textual: “ Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público.”
Así, aunque el promovente del Tren Maya sea una instancia del mismo Estado Mexicano, Fonatur, donde el gobierno es juez y parte, el hecho de que secretario diga que está obligado a aprobar el proyecto es una clara exhibición de que pase lo que pase, ¡Se va a autorizar!
Esto lo afirma sin conocer todavía los impactos del Tren Maya, en momentos en que la Semarnat debería estar concentrada en evaluar el proyecto, además de resta credibiliad a las consultas públicas, que se vuelven un simulacro.
Recordemos que Greenpeace interpuso una queja ante el Órgano Interno de Control de la Semarnat en contra del otrora subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, Mauricio Limón Aguirre, porque en 2011, cuando se evaluaba la Manifestación de Impacto Ambiental del polémico proyecto Cabo Cortés, durante la administración de Calderón, el funcionario federal demostró parcialidad a través de un tuit.
“Continúan algunos diciendo que el proyecto de Hansa Urbana va a afectar Cabo Pulmo. No es cierto y los invito a que lean el resolutivo final”, escribió en esa ocasión Límón Aguirre. Eso fue suficiente para violar la ley.
Para demostrar que la Semarnat está facultada para negar un proyecto nos referimos al artículo 35 de la LGEEPA, que dice que la dependencia podrá negar la autorización, cuando: a) se contravenga lo establecido en esa ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables; b) la obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción o cuando se afecte a una de dichas especies, o c) exista falsedad en la información proporcionada por los promoventes, respecto de los impactos ambientales de la obra o actividad de que se trate.
Al igual que muchos otros proyectos, Cabo Cortés fue cancelado por Felipe Calderón porque afectaría a especies en riesgo, así también el proyecto de minería submarina de Don Diego.
El Tren Maya no es la excepción, ya que cruza por hábitat de jaguar, mono aullador, mono araña y muchas más especies en riesgo.
Entonces señor secretario Toledo, ¿Dónde está la obligación de apoyar y aprobar el proyecto sin conocerlo?
Pareciera que sólo se busca palomear todos los requisitos, incluyendo la consulta y remota reunión pública de información "presencial" en plena pandemia de Covid-19, en una cancha de basquetbol en Champotón, Campeche, que por cierto lució vacía, sin transmisión en tiempo real, ni posibilidad de participar por vía remota.
Lamentablemente, parece que la simulación continuará para éste y otros proyectos presidenciales, y en septiembre se anunciará la aprobación de la Fase I del Tren Maya, algo que ya cantó por adelantado Víctor Manuel Toledo.
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