La Totoaba es un pez endémico del Alto Golfo de California y que se encuentra en peligro de extinción. Su vejiga natatoria o buche (órgano de flotación) carece de valor en nuestro país, sin embargo, en el mercado asiático se vende en hasta 25 mil dólares el kilogramo. Al ser capturado de forma ilícita, se ha vuelto en un negocio más redituable que algunas drogas, por lo que el mismo gobierno mexicano lo ha bautizado como la cocaína del mar. Peor aún, el efecto colateral de su pesca ilegal es la muerte del mamífero marino en mayor riesgo de extinción: la vaquita marina, de la cual quedan menos de 30 ejemplares en todo el planeta.
Pese a que está prohibido, y a pesar de la presencia de todas las dependencias de seguridad (Marina, Ejército, Gendarmería, Profepa, etc) en el Alto Golfo, este pez está siendo capturado sin control utilizando literalmente kilómetros de redes que ahogan vaquitas marinas. Por su parte y de forma irresponsable, el gobierno mexicano ya prometió legalizar la pesca para los primeros meses del 2018, dando falsas esperanzas a los pescadores de la zona, sin considerar que primero se requieren cambios en las legislaciones nacionales e internacionales —que no se darán de la noche a la mañana— y que se estaría incentivando un comercio de una especie en peligro de extinción.
Sin embargo, la Totoaba se vende legalmente en restaurantes toda vez que su cultivo no es ilegal. Aunque el interés de reproducir a la totoaba en cautiverio inició con el fin de repoblar la población en peligro de extinción, ahora las empresas buscan reproducirlas por el valor del buche en China, así que paralela a la pesca ilegal, actualmente existen en México seis "Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre" (UMA) de totoaba avaladas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia que autorizó llevar a cabo la engorda, comercialización, repoblamiento y acciones de conservación del pez.
No obstante, según los permisos de la Semarnat, unidades como la de Earth Oceans Farms solo están obligadas a utilizar el 20% de la producción de totoabas con fines de "repoblamiento", pudiendo vender el porcentaje restante. Por ello es posible afirmar que el propósito principal de estas UMA es la venta de ejemplares de Totoaba, en lugar de la recuperación de su población. Y la carne de Totoaba que se vende es la que encontramos en restaurantes mexicanos, es decir, únicamente la de cultivo. Lo interesante es saber qué hacen con todos los buches de los miles de totoabas cultivadas.
Ahora bien, todo esto es en México, donde el buche no vale nada, pero en China sí. Por ello, aunque el Gobierno está buscando adecuar las leyes domésticas para legalizar la pesca, este pez no podría venderse internacionalmente porque está enlistado en el Apéndice I de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que prohíbe la venta de ejemplares, partes y derivados de especies en peligro de extinción y del cual México y China forman parte. Esto con una excepción: a menos que sean de criaderos registrados.
Y para que México pueda exportar legalmente vejigas de totoaba provenientes de la pesca a países de Asia u otros continentes, se tendrían que modificar leyes nacionales y lograr cambios en los requisitos actuales de la Convención, cuya próxima reunión plenaria será en 2019. De lo contrario, lejos de desalentar el comercio ilegal de productos de totoaba, podría generar una mayor disponibilidad de vejigas para el mercado negro. Y lejos de ayudar a "aliviar" el saqueo ilegal de totoabas, lo alentará, con el agravante de crear confusión en la identificación de ejemplares obtenidos de forma lícita.
Lograr las transformaciones legales demandará tiempo y esfuerzo sustanciales, y es algo que pudiera no ser aprobado por los otros Estados miembros de la Convención, por lo que es lamentable que el gobierno se comprometa con las comunidades pesqueras a que podrían beneficiarse de la pesca de totoaba sin ser totalmente transparentes con la situación.
Pero hay otra situación que no hemos comentado: nadie sabe cuántas totoabas hay desde que se designaron en peligro de extinción desde hace dos décadas. Por ello, antes de abrir la captura con fines comerciales, "de repoblamiento" o incluso de pesca deportiva, debe conocerse el estado de su población a través de un estudio serio y arbitrado por expertos independientes, y que no represente únicamente la visión del gobierno.
Es urgente conocer cuántas totoabas hay para tomar decisiones basadas en la mejor información disponible. Conceder permisos sin saber el estado poblacional de la especie, sus tendencias, las condiciones de su hábitat, los sitios de reproducción, así como las amenazas a corto y largo plazo, a fin de determinar si el pez se puede o no ser explotado de manera sustentable, no solo es una decisión irresponsable sino moralmente cuestionable porque amenaza su conservación.
Si no se considera lo anterior, solo se podrá esperar un manejo deficiente que conduzca al deterioro de las poblaciones de la totoaba y a un aumento en el tráfico ilegal de sus productos, y entre esto la extinción de la vaquita marina. Todo esto lleva mucho tiempo y hasta ahora no hay indicios de que se esté trabajando en ello.
* Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de Algo Que Informar.
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