Enviado por Redacción el 15/07/2022
En el marco de la 29 Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), creada al amparo del TMEC, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, sostuvo encuentros bilaterales con Michael S. Regan, administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), y el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá, Steven Guilbeault.
En Mérida, Yucatán, María Luisa Albores y Michael Regan, hablaron sobre la contaminación de aguas residuales y basura en el río Tijuana, que pasa de México a Estados Unidos, y que es un importante problema de salud pública para ambos países.
"Hoy, mi colega María Luisa Albores y yo discutimos los próximos pasos para abordar este desafío y garantizar agua limpia para nuestras comunidades", reveló en redes sociales el director de la EPA.
Por su parte, el ministro Steven Guilbeault dio a conocer que con la titular de la Semarnat, abordó las prioridades compartidas de protección de la naturaleza, conservación liderada por indígenas y colaboración para lograr objetivos ambientales.
En un comunicado de prensa, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que en los encuentros bilaterales se abordaron temas relativos al cambio climático, biodiversidad, áreas naturales protegidas, incendios forestales y Programa Frontera 2025.
Pendientes
México llega como anfitrión a la 29 Sesión Ordinaria del Consejo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), con dos asuntos pendientes que podrían desencadenar sanciones comerciales en su contra, por incumplimiento a la legislación en la materia.
El caso de los nulos resultados en la protección de la vaquita marina y el combate al tráfico ilegal de pez Totoaba, denunciado por organizaciones no gubernamentales con sede en Estados Unidos.
El asunto ya fue analizado por el Secretariado de la CCA, que a principios del mes de abril recomendó al Consejo, el máximo órgano de toma de decisiones, abrir un expediente de hechos para explorar a fondo los factores que contribuyen a la extinción del mamífero marino en mayor peligro del mundo.
El Centro para la Diversidad Biológica; el Instituto para el Bienestar Animal; el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales y la Agencia de Investigación Ambiental, argumentaron graves violaciones a lo dispuesto en el capítulo 24 del TMEC.
Además, está pendiente de resolverse una petición formulada por el Centro para la Diversidad Biológica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), para que nuestro país responda por la mortandad masiva de tortuga caguama en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur.
Bajo el nuevo acuerdo comercial, México sería llamado a cuentas por la muerte de miles de ejemplares de esta especie en peligro de extinción en por lo menos los últimos seis años, debido a la interacción con redes de pesca.
Al respecto, Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, dijo que espera que durante este encuentro que tiene lugar en Mérida, el Consejo de la CCA, se pronuncie a favor de abrir una investigación a fondo sobre la vaquita marina y destrabe el asunto de la tortuga caguama.
El Consejo de la CCA está conformado por la titular de la Semarnat de México, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y el ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá.
Alejandro Olivera destacó que sin duda el voto decisivo estará del lado del gobierno canadiense.
Quedan a deber
Por su parte, Oceana México consideró que a dos años de la firma del TMEC, nuestro país y Estados Unidos, han incumplido con sus compromisos ambientales para proteger los océanos, poniendo en peligro la vida marina y las comunidades de pescadores.
Subrayó que falta mucho por hacer en el combate a la pesca ilegal, la recuperación de especies sobreexplotadas y la protección de hábitats y especies marinas como la ballena franca del Atlántico Norte que se encuentra en peligro crítico de extinción.
Mariana Aziz, directora de la campaña de Transparencia de Oceana México, recordó que la inacción de México para frenar la pesca ilegal ya tiene consecuencias para la economía y los pescadores, como son los embargos vigentes en el Alto Golfo de California y el Golfo de México.
“México ha sido objeto de varios embargos comerciales en los últimos años y está perdiendo acceso a importantes mercados internacionales porque no podemos demostrar el origen legal de nuestros productos del mar; esto no sólo afecta a la economía nacional sino también a los pescadores que dependen de ls mercados”, indicó.
De acuerdo con la propia Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), más del 40 por ciento de los productos del mar en México provienen de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Además, de que la sobrepesca afecta a cuatro de cada 10 especies de peces.
En este sentido, Oceana hizo un llamado al gobierno mexicano para que apruebe una norma de trazabilidad de pescados y mariscos para garantizar que el país no esté vendiendo productos derivados de la pesca ilegal; firme el Acuerdo de Medidas del Estado Rector del Puerto, e impulse una reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, para que se obligue a las autoridades a recuperar las especies pesqueras sobreexplotadas, deterioradas o en colapso.
Añadir nuevo comentario