La semana pasada regresó a los medios de comunicación el tema de convertir a San Quintín en un Ayuntamiento, por la opinión negativa o veto que emitió el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán respecto al proceso de municipalización de esa región del sur del estado, que acordó en semanas pasadas el Congreso del estado.
Sin duda alguna, el tiempo en que se aprobó esta iniciativa y la forma en la que se hizo, la envolvieron en la vorágine de decisiones que estuvieron contaminadas por el proceso electoral que vivimos los bajacalifornianos y que culminó el domingo 7 de julio con el triunfo de "Kiko" Vega.
No sólo fue esta determinación, recordemos que también se intentó la creación de una fiscalía especializada en delitos electorales a 20 días de la celebración del proceso electoral. Desgraciadamente, la mayoría priísta generó un ambiente de mucha crispación en la sociedad y en las fuerzas políticas al tratar asuntos de evidente relevancia para tratar de influenciar en los comicios.
Sin embargo, la reflexión debe darse sobre el proceso de municipalización de San Quintín. Baja California es uno de los estados más jóvenes de la República Mexicana y el de menor número de ayuntamientos del país. De hecho, hasta hace menos de 20 años, teníamos sólo cuatro municipios: Ensenada, Mexicali, Tecate y Tijuana. A éstos se sumó Playas de Rosarito, que formaba parte de Tijuana y cuya comunidad trabajó durante muchos años para lograr este objetivo. Incluso, hay que reconocer que se tuvieron que hacer reformas legales a los requisitos para la creación de nuevos ayuntamientos, con el fin de que se flexibilizaran en beneficio de Rosarito.
Sin duda alguna, la comunidad que busca la independencia de su región como municipio lo hace, mayoritariamente, con la mejor intención de contar con un gobierno local que atienda adecuadamente sus necesidades.
Ayer Rosarito, como hoy lo hacen comunidades como San Quintín, San Felipe, Algodones y, a veces, incluso la zona este de Tijuana, fundamentan estas iniciativas en la falta de atención, la distancia con las cabeceras municipales, la injusta distribución de recursos y la carencia de obras y servicios públicos.
Efectivamente, hay una tendencia que desgraciadamente rige en muchas ocasiones la acción de las oficinas públicas para privilegiar la atención a las zonas centrales y las más cercanas a la cabecera municipal. Es obvio pensar que una manifestación en San Quintín no tendrá el nivel de atención que normalmente tiene otra que se presenta en la Casa de Gobierno en Mexicali, por ejemplo.
En mucho, hay que reconocer que esta iniciativa, este empuje hacia la municipalización de una región del estado, se debe fundamentalmente a esta gestión centralista que aqueja en muchas ocasiones a los habitantes de una comunidad.
Como ejemplo de esta absurda expresión, puedo comentarles que hace tres años, cuando asumí la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación a nivel federal, los teléfonos celulares de todos los delegados de la Segob en los estados de la República, tenían líneas de la ciudad de México, es decir, si querías hablar con ellos, tenías que hacer una llamada de larga distancia a la capital del país.
En el caso de San Quintín, coincido con la intención del gobernador Osuna Millán de terminar de hacer este análisis completamente. Queda en la mesa el pendiente de la falta de cumplimiento de requisitos, como la consulta ciudadana y la consulta formal a los ayuntamientos afectados como Ensenada y Mexicali.
Esta opinión de José Guadalupe Osuna Millán no debe ser vista como derrota o estrategia de dilación de una decisión tan importante como la creación de un nuevo municipio, ni tampoco como falta de solidaridad con las justas demandas de atención de los habitantes de esa región. Al contrario, considero que es una muestra seria, responsable, de un compromiso de fondo con el mismo movimiento municipalista de San Quintín.
Lo que el gobernador ha solicitado es que el proceso esté completo, adecuadamente informado, atendido en todos sus requisitos legales y blindado en términos de planeación y presupuesto.
Podemos recuperar aquí el dicho popular de que “no por mucho madrugar, amanece más temprano” pues lo que menos conviene a los habitantes del posible nuevo municipio es tener ahora, no sólo la desatención de sus necesidades, sino una autoridad local sin viabilidad financiera, que genere gastos administrativos pero que no genere soluciones y gestiones concretas a sus justas demandas.
Asumamos todos el compromiso de atender adecuadamente, desde cada una de nuestras trincheras, las demandas de la población de todas la regiones del estado y, en paralelo, que el Congreso lleve a cabo estos análisis, estos procesos de decisión, con altura de miras y responsabilidad con los habitantes de Baja California y la sustentabilidad de sus decisiones.
¡Mucha Suerte a todos los involucrados!
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