Con el Acuerdo de Escazú, que entrará en vigor a escala internacional tres meses después de que el Gobierno de México deposite la ratificación número 11 ante Naciones Unidas, surge el primer tratado ambiental regional y el primero en el mundo que incluye disposiciones para la protección de activistas en defensa de la tierra, el medio ambiente y el territorio.
Andrea Cerami, gerente de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), explicó que a nivel nacional se puede aplicar de inmediato, y de hecho la ministra Norma Lucía Piña ya lo utilizó en la sentencia de un juicio de amparo que a finales de 2018 resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre daños ambientales en la Laguna del Carpintero en Tampico, Tamaulipas.
Detalló que con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, se crean las herramientas jurídicas para que, por ejemplo, la consulta a la población en autorizaciones de impacto ambiental en megaproyectos, ya no sea opcional sino una obligación del Estado o para que la ciudadanía pueda participar directamente en el ordenamiento del territorio en la gobernanza de áreas naturales protegidas.
Ataques
Cerami señaló que el otro cambio interesante que plantea Escazú es el acceso a la justicia, al establecer la primera norma mundial que busca crear un entorno seguro para los activistas ambientales.
"Y eso significa que las políticas de protección de las personas defensoras del medio ambiente no pueden ser solamente reactivas, es decir, reaccionar ante un acto de amenaza, sino que deben ser preventivas para tratar de evitar las agresiones", indicó.
Dijo que además se crea un andamiaje juridico para acceder a la justicia, como la inversión de la carga de la prueba y la posibilidad de tener medidas de reparación conforme a la Ley de Víctimas, para que se puedan aplicar en materia ambiental, por lo que se espera un cambio en la practica judicial que ayude a resolver los casos.
Recordó que México fue quien propuso incluir este tema en el acuerdo, al ser uno de los países con mayor número de ataques a activistas, lo que es un avance importante, donde debe haber voluntad política y presupuesto.
"La ratificación del Acuerdo de Escazú es un avance, evidentemente sin los recursos necesarios para implementar el Acuerdo de Escazú, se vuelve letra muerta y eso no es útil. México fue el país que propuso que en el Acuerdo de Escazú estuviera el tema de los defensores, entonces sería importante que eso se pudiera transformar en acciones concretas por parte del Estado Mexicano para la protección de las personas defensoras", manifestó.
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