Durante 2020, 18 defensores ambientales y del territorio fueron asesinados en México y 65 fueron víctimas de 90 agresiones, una situación que se agravó debido a la pandemia de Covid-19, de acuerdo a un reporte del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En conferencia de prensa virtual, Gustavo Alanís, director general del Cemda, dio a conocer que en el contexto de violencia estructural que se vive en México, la emergencia sanitaria acrecentó los obstáculos ya existentes para la defensa ambiental.
Recordó que debido a las medidas de confinamiento, se suspendieron todos los procedimientos administrativos y plazos para tramitar juicios, mientras que siguieron adelante las obras de infraestructura y megaproyectos, que fueron catalogados como actividades esenciales.
Además de que a esta situación contribuyeron los recortes al presupuesto en el sector ambiental, la eliminación de fideicomisos para la conservación de los recursos naturales y la desaparición de los fondos para el mecanismo de protección de los defensores ambientales, donde hay alrededor de mil activistas incorporados.
“La actual administración federal no ha logrado frenar los índices de violencia y agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos y en este caso de derechos humanos ambientales, toda vez que en este año 2020, que es lo que estamos reportando, 18 personas defensoras fueron asesinadas y ocurrieron 65 ataques con 90 agresiones distintas”, destacó.
Agresiones en aumento
Según el "Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México”, los ataques aumentaron el año pasado, ya que en 2020 se registraron 65 agresiones, en contraste con las 39 ocurridas en 2019, 49 en 2018 y 53 en 2017.
“Por segundo año consecutivo, las agresiones más recurrentes fueron el homicidio con un total de 18 personas defensores ambientales asesinadas”, indicó.
En el séptimo reporte anual de Cemda, las entidades donde se registró el mayor número de ataques contra activistas fueron Chiapas (8); Campeche (7); Chihuahua (6); Estado de México (6); Ciudad de México (5); Guerrero (5); Oaxaca (5) y Veracruz (4).
El documento establece que en la Ciudad de México, las agresiones se registraron principalmente en torno al proyecto Puente Vehicular en Xochimilco, área de importancia ambiental y cultural, protegida por la UNESCO.
En particular, destaca el caso de Chiapas donde se continúa viviendo un clima álgido de conflictos territoriales enmarcado en un alto índice de marginación, “con la multiplicidad de actores involucrados como son los grupos paramilitares y la militarización provocada por la instalación de cuarteles de la Guardia Nacional cerca de territorios zapatistas o indígenas”.
Mientras que en Campeche, los ataques tienen como marco la construcción de megaproyectos de vías de comunicación y en Chihuahua el origen son los conflictos por el territorio ancestral indígena y la tala ilegal de los bosques.
Nombre y apellido
Uno de los casos más emblemáticos de defensores ambientales asesinados en 2020 ocurrió en el estado de Michoacán, cuando Homero Gómez, administrador del Santuario de la Mariposa Monarca “El Campanario”, desapareció el 13 de enero y fue localizado muerto el 30 de enero en la localidad de El Soldado, a unos kilómetros de la cabecera municipal de Ocampo.
Las investigaciones apuntan que su actividad de defensa del bosque afectaba los intereses de personas que se dedican a la tala clandestina.
Posteriormente, Raúl Hernández Romero, guía de turistas en los santuarios de la Mariposa Monarca, fue encontrado el 1 de febrero sin vida, en el paraje denominado Las Balsitas, ubicado en los límites de Ocampo y Angangueo, luego de que había sido reportado como desaparecido tres días antes del hallazgo.
Las otras 16 personas asesinadas el año pasado fueron Juan Aquino González (Guerrero); María Agustín Chino (Guerrero); Amalia Morales Guapango (Guerrero); José Benito Migueleño (Guerrero); Miguel Migueleño (Guerrero); Eugui Roy (Oaxaca); Tomás Martínez Pinacho (Oaxaca); Juan Zamarripa (Chihuahua) Antonio Montes Enríquez (Chihuahua); Oscar Eyraud Adams (Baja California; Daniel Sotelo (Baja California); Paulina Gómez Palacios (San Luis Potosí); Isaac Medardo Herrera Áviles (Morelos) y Adán Vez Lira (Veracruz).
Agentes de la agresión
En los ataques contra defensores ambientales en 2020, se encontró que en el 40 por ciento de los casos (26 agresiones), estuvo involucrado el gobierno; en otro 40 por ciento no fue posible identificar a los perpetradores; en 6.2 por ciento fueron realizados por personas de la misma comunidad; en 4.6 por ciento alguna empresa privada; en 3.1 por ciento caciques; 3.1 por ciento paramilitares y tres por ciento gobierno y empresa.
Las agresiones fueron principalmente por temas de construcción de vías de comunicación (24.6 por ciento); forestal (24.6 por ciento); indeterminado (16.9 por ciento); minería (7.7 por ciento); energía eléctrica (6.2 por ciento) e hidráulico (4.6 por ciento).
En cuanto al tipo de agresiones 20 por ciento fueron homicidios; 17.8 por ciento amenazas; 11.1 por ciento intimidación; 10 por ciento criminalización; 10 por ciento estigmatización; 7.8 por ciento hostigamiento; 6.7 por ciento agresiones físicas; 3.3 por ciento secuestro; 3.3 por ciento desalojo forzoso; 2.2 por ciento desaparición; 2.2 por ciento robo; 2.2 por ciento uso indebido de la fuerza; 1.1 por ciento privación ilegal de la libertad; 1.1 por ciento allanamiento y 1.1 por ciento difamación.
ONG’s bajo asedio
Las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la defensa del medio ambiente sufrieron 12 ataques (18.5 por ciento), “estas agresiones se dieron en el contexto de la defensa de agua, suelo y territorio, siendo la criminalización, estigmatización y amenazas las agresiones más recurrentes”.
Durante el 2020 se identificó un aumento significativo de los ataques en contra de comunidades, puesto que en 2019 ocupaban el 15.4 por ciento del total de los casos, mientras que en el 2020 se registró un porcentaje del 24.6 por ciento.
“En el mismo sentido se encuentran las organizaciones sociales, quienes en el informe del año pasado registraron el 5.1 por ciento del total de los ataques, mientras que para el 2020, se registró un aumento del 18.5 por ciento del total”, identificó Cemda.
Perspectiva de género
En el 18.5 por ciento de los casos de agresiones, las víctimas fueron mujeres defensoras del ambiente, en el 33.8 por ciento fueron hombres y en el 15.4 por ciento las personas agredidas fueron de ambos sexos.
“Cabe señalar que en 16 casos no se pudo identificar el sexo de las personas agredidas: en cuatro de ellos debido a que la agresión fue contra toda una organización de la sociedad civil”, estableció.
Impunidad, la constante
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental advierte que el hecho de que la mayor parte de las agresiones provengan de las autoridades y que exista un nivel de impunidad tan alto es una correlación que debe ser atendida.
“De acuerdo con el Índice Global de impunidad 2020 México se encuentra en el puesto número 60 de 69 países con calificación de impunidad muy alta (49.67 puntos). Estas cifras evidencian la necesidad en el reforzamiento y consolidación de herramientas efectivas que atiendan la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas agresoras”, indicó.
Agregó que gran parte de la impunidad prevaleciente es provocada por la falta de asesoría y acompañamiento a los defensores ambientales.
En nueve de los doce meses del 2020, sólo en dos ocasiones, el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos otorgó a personas beneficiarias medidas para salvaguardar su integridad física conjuntamente con asesoría y/o acompañamiento para la interposición de denuncias o quejas ante las autoridades correspondientes.
Checa aquí el informe completo:
(Ernesto Méndez)
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