La Secretaría de Gobernación (Segob) condenó el asesinato del periodista Santiago Barroso, ocurrido la víspera en el municipio de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora, y exhortó a su esclarecimiento.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que a poco más de 100 días del inicio de esta administración ya suman seis periodistas asesinados, ante lo cual el gobierno federal buscará dar las garantías a estos profesionistas, en coordinación con los gobiernos estatales.
Es totalmente condenable, debemos ir a esclarecer estos hechos y buscar que no se repitan. Es lamentable lo que está pasando en estos atentados contra la libertad de expresión y el ejercicio de la labor periodística”, añadió en entrevista.
Las autoridades federales y estatales buscarán esclarecer estos hechos “tan lamentables”, dijo al asistir al Foro Nacional “Planeando juntos la transformación de México”, para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, encabezado este domingo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.
Sobre el asesinato de Santiago Barroso, precisó que no formaba parte del mecanismo de protección a periodistas y no se tenían antecedentes de algún registro de amenaza en su contra.
Este caso, al igual que otros homicidios considerados como delitos del fuero común, está en el ámbito de la justicia local, y hasta ahora la Secretaría de Gobernación no tiene un reporte del avance de las investigaciones.
Es preocupante. Hay que fortalecer los mecanismos de garantía y protección del ejercicio del periodismo y el derecho a la libertad de expresión”, subrayó.
Es necesario, dijo Encinas Rodríguez, que las autoridades federales tengan una mayor coordinación con las estatales y las fiscalías locales que en todos los casos en lo que haya situación de riesgo para los periodistas, se superen estas situaciones y puedan ejercer su labor en paz.
Adelantó que habrá cambios “muy profundos” al mecanismo de protección a periodistas, donde lo fundamental será que “es responsabilidad del Estado otorgar las garantías y la protección” a todos aquellos sujetos a este mecanismo, para lo cual se cuenta con recursos públicos suficiente y ya no estará a cargo de una empresa privada.
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