A 10 años de la peor tragedia ambiental de la industria minera en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no habrá carpetazo a la demanda de justicia ambiental y social por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Sonora y Bacanuchi.
A punto de cumplirse siete años del derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre sobre el río Sonora y Bacanuchi, representantes de las comunidades afectadas en el estado exigieron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), aplique medidas cautelares con el fin de proteger la salud de la población de ocho municipios, con pleno acceso a agua limpia y la reubicación de los pozos contaminados con metales pesados como arsénico y plomo, confirmado a través de sus propios monitoreos.
La Cofepris reconoció, a través de una carta enviada a los Comités de Cuenca Río Sonora, que luego de realizar nuevos muestreos en el agua de consumo humano en los siete municipios del río Sonora, afectados por el derrame en la mina Buenavista del Cobre hace seis años, persiste la contaminación por metales pesados, principalmente arsénico y plomo, lo que "representa un riesgo de salud para la población".
A punto de cumplirse seis años del derrame en la mina Buenavista del Cobre en el Río Sonora, la Semarnat reveló que todavía en agosto de 2019 se encontraron metales pesados en suelos, por lo que se emplazó a Grupo México a realizar nuevos trabajos de remediación.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictará este miércoles 8 de enero sentencia sobre tres casos relacionados con el Fideicomiso Río Sonora, de acuerdo a la lista de asuntos publicada en su portal de Internet.
La Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) confirmó la existencia de metales pesados en el agua que consume la población del Río Sonora, luego de un reciente muestreo recabado en 60 puntos del afluente, donde el consorcio minero Grupo México vertió al menos 40 mil metros cúbicos de ácidos tóxicos en agosto de 2014.
Por decisión técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sólo se instalaron 10 de las 37 plantas de tratamiento de agua que se prometieron a los pobladores del Río Sonora, afectados por la peor tragedia ambiental de la industria minera en México.
En un acto público en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representantes de las comunidades afectadas por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, exigieron a los ministros revisar las operaciones del Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado acordado por Grupo México y el gobierno de Enrique Peña Nieto, y reabrirlo “hasta que se cumplan sus objetivos y se hayan concluido los procesos jurídicos de reclamaciones en su contra”.
