A 10 años de la peor tragedia ambiental de la industria minera en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no habrá carpetazo a la demanda de justicia ambiental y social por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado sobre los ríos Sonora y Bacanuchi.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, atestiguó la firma del convenio entre el Ayuntamiento Ojocaliente, Zacatecas y la empresa Minera Frisco, que pone fin al conflicto en la mina El Coronel y pobladores de la comunidad de San Juan de Carboneras.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) aseguró que el derrame en una mina de Durango el pasado 1 de mayo, no provocó afectaciones al sistema de abastecimiento de agua potable en las comunidades aledañas a San José de Los Manzanos, municipio de Canelas, donde se registró la contingencia, debido a que la presa de jales sufrió una ruptura por llegar a su límite de capacidad.
Por incumplir con la legislación ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), impuso el pasado jueves 20 de febrero una sanción económica a una empresa minera dedicada a la extracción de hierro en Colima.
La Profepa notificó a la minera de la multa por 477 mil 840 pesos debido al incumplimiento de los términos y condicionantes establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
