México, el país más letal para activistas ambientales: Global Witness

Global Witness
Sección: 
México

En 2021, 200 Defensores de la Tierra y el Medio Ambiente fueron asesinados en el mundo; México encabeza la lista con 54 ejecuciones, seguido muy de lejos por Colombia con 33; Brasil 26, Filipinas 19, Nicaragua 15, India 14, República del Congo ocho y Honduras ocho, según el reporte de Global Witness.

"México fue el país con el mayor número de asesinatos, con un total de 54 en 2021, frente a los 30 del año anterior. Más del 40 por ciento de los defensores que perdieron la vida eran indígenas y más de un tercio del total fueron desapariciones forzadas, incluidos al menos ocho miembros de la comunidad yaqui", establece el informe. 

De esta forma, nuestro país registra por tercer año consecutivo un aumento en los ataques letales, principalmente por conflictos por la tierra y la minería. 

Alrededor de dos tercios de las ejecuciones se concentraron en Oaxaca y Sonora, estados con importantes inversiones mineras.

"El país se ha convertido rápidamente en los últimos 10 años en uno de los lugares más peligrosos para los Defensores de la Tierra y el Medio Ambiente, con 154 casos documentados durante este período. La mayoría de los asesinatos (131) tuvieron lugar solo entre 2017 y 2021", indica la organización fundada en 1993, "pionera en establecer el vínculo entre recursos naturales, conflictos sociales y corrupción". 

Las desapariciones forzadas de activistas son comunes en México, Global Witness registró 19 en 2021 y "son realizadas por funcionarios estatales corruptos y grupos delictivos organizados, que tienen un efecto escalofriante en las familias y comunidades".

"En septiembre de 2021, las autoridades descubrieron seis cadáveres cerca del territorio yaqui, en el sur de Sonora, sospechosos de pertenecer a algunos de los 10 hombres que desaparecieron en julio. 

Luego de múltiples desapariciones y asesinatos en la comunidad yaqui el año pasado, los funcionarios declararon que creían que los cárteles de la droga eran los responsables. Algunos en la comunidad, sin embargo, dijeron que también sospechaban que el gobierno y las corporaciones interesadas en la tierra y los recursos yaquis estaban involucrados", señala el reporte.

Global Witness pone como ejemplo, que el Cártel Jalisco Nueva Generación estableció un interés particular en la minería ilegal en la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manatlán, ubicada al sur de Jalisco y el noroeste de Colima.

"El grupo de la delincuencia organizada impone sus condiciones y violencia contra la comunidad indígena con total impunidad y sin una respuesta adecuada del Estado Mexicano.

Los grupos indígenas de la zona han defendido durante mucho
tiempo su territorio y sus recursos naturales. Los activistas locales han tomado varias medidas para contener la expansión de las operaciones mineras, algunas con consecuencias fatales", advirtió.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha expresado su preocupación "por la falta de consultas adecuadas con las comunidades potencialmente afectadas y los ataques posteriores a quienes se oponen a los proyectos emblemáticos". 

La CIDH alertó sobre la criminalización y las campañas de difamación como amenazas dañinas contra las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en México.

"La impunidad sigue siendo generalizada, con más del 94 por ciento de los delitos sin denunciar y solo el 0.9 por ciento resueltos. 

La ambientalista mexicana Irma Galindo Barrios desapareció en octubre de 2021. Desde 2018, Irma había enfrentado intimidación por parte de funcionarios públicos, así como acoso, persecución y campañas de difamación y amenazas de muerte por su defensa de los bosques. Esta defensa incluyó la presentación de una denuncia formal ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales", relató.

El informe de Global Witness resalta que si bien México ratificó el Acuerdo de Escazú en enero de 2021, que entró en vigencia en abril, existe poca capacidad o presupuesto estatal para apoyar a los defensores, lo que reduce la probabilidad de que las personas y las comunidades obtengan acceso a la justicia y reparación.

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