Pese a la oposicion de organismos defensores de derechos humanos, el pleno del Senado de la República avaló la reforma constitucional para aumentar de siete a 19 los delitos que merecerán prisión preventiva oficiosa, a fin de contribuir a la lucha contra el crimen.
La reforma dividió a la oposición, pues mientras una parte de los priistas y panistas se pronunciaron en contra, todos los senadores de Movimiento Ciudadano, Morena, con el apoyo del PT, PES, Partido Verde, PRD y una parte del PRI y PAN lograrom las dos terceras partes de los votos de los presentes, como se requiere para una reforma constitucional.
Las posiciones formaron dos bandos. Por un lado, quienes privilegiaron el respeto a los derechos humanos por encima de todo. Por el otro, quienes consideraron que en este momento es necesario hacer una pausa para que un asesino, un violador, un huachicolero, un corrupto sigan en la calle.
Así, con 91 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Senadores añadió los delitos con prisión preventiva al abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones; robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades; delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos; delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Los 12 tipos penales mencionados se suman a los siete que se incluyeron como parte del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos y los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad o de la salud.
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