Los gobernadores de la llamada Alianza Federalista, respaldaron la lucha del pueblo y del gobierno del estado de Chihuahua en defensa del agua y del derecho que tienen de defender su libertad política y soberanía.
“Nos llama la atención, el tono y el desdén del gobierno de la República que se niega a escuchar y atender las propuestas y alternativas que para solucionar el conflicto han planteado de manera conjunta productores y gobierno estatal”, manifestaron.
En el posicionamiento, demandaron que se apueste por el diálogo y la negociación con los productores y cese la permanente descalificación de quienes defienden el agua en las presas de Chihuahua y han alzado la voz para expresar su desacuerdo.
“Coincidimos en que México debe cumplir con los términos del Tratado Internacional de Aguas de 1944, el cual debe realizarse acorde a la realidad actual y, aprovechando todas las capacidades de almacenamiento del país, entre ellas el manejo de las presas internacionales“, indicaron.
Los mandatarios estatales recordaron que históricamente Chihuahua ha contribuido al pago del tratado con una aportación de más del 50 por ciento de la cuota anual que se entrega, “sin embargo, el escenario de extrema sequía para Chihuahua proyectado para los siguientes meses en el propio Monitor de la Comisión Nacional del Agua, pone en peligro el riego del campo chihuahuense durante la siguiente ciclo agrícola”.
Agregaron que la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias mañaneras de esta semana, se centran en descalificaciones políticas a falta de argumentos técnicos.
Dijeron que se trata de reducir el problema a una disputa de potentados, cuando en realidad el conflicto tiene una dimensión social muy amplia entre toda la población y particularmente entre miles de familias que dependen de los cultivos de la región, en su mayoría ejidatarios y pequeños productores.
“Nos preocupa además, que en el fondo de la posición del presidente de la República expresada hoy, hay una insistencia de estigmatizar y descalificar toda participación política, mientras no sea la de su propio partido, que reivindique o defienda derechos sociales, en los hechos se pretende penalizar la pertenencia a un partido político”, señalaron.
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