El decreto para que las obras y proyectos de infraestructura del Gobierno de México sean considerados de interés público y seguridad nacional, dejarían de lado la obligación de las dependencias federales de solicitar la autorización de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y el cambio de uso de suelo en terrenos con vocación forestal.
Lucía Madrid Ramírez, integrante del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), advirtió que este acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), incumple la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
"Las autorizaciones de cambio de uso de suelo forestal sólo pueden darse cuando se haya comprobado que la biodiversidad se mantiene, los impactos en agua, suelo y carbono se mitigan y se hace un pago de compensación al Fondo Forestal Mexicano", explicó en su cuenta de Twitter.
La maestra en Política Ambiental por la Universidad de Cambridge, detalló que con este decreto presidencial podrían hacerse obras que deforesten áreas naturales protegidas o manglares con autorizaciones que tendrían que emitirse en máximo cinco días sin análisis previo, lo que no asegura el cumplimiento del derecho humano a un ambiente sano consagrado en la Constitución.
"Es ilegal. El Ejecutivo no puede decretar el incumplimiento de las leyes", aseguró.
Lucia Madrid Ramírez alertó que además cualquier obra del gobierno federal, desde una línea de transmisión eléctrica hasta un puerto o una refinería, podría quedar clasificada para no transparentar la información relacionada con ella.
"El gobierno podrá hacer lo que quiera unilateralmente sin rendir cuentas", escribió.
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